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MUCHO QUE GANAR Y POCO QUE PERDER
Los ricos yacimientos minerales
Carlos Ernesto González Ramírez
opinion@prensa.com <mailto:opinion@prensa.com>
El valor de los yacimientos minerales conocidos al día de hoy en Panamá, a precios de mercado actuales, es de aproximadamente 221 mil millones de dólares. Esa riqueza, que está en nuestro subsuelo, sólo adquiere ese valor si es extraída del mismo mediante una inversión de más de 10 mil millones de dólares (dos veces el valor de la expansión del Canal).
Si esos yacimientos son explotados y se obtiene por los minerales resultantes el valor mencionado por los mismos, podemos asegurar que más del 50% de ese valor se quedará en Panamá, si consideramos las regalías de 5%, el impuesto sobre la renta de 25%, los salarios pagados a más de 7 mil personas, las inversiones y las compras de insumos locales necesarias para la explotación. Además, se construiría una infraestructura importante en carreteras, producción eléctrica, puertos y viviendas.
La extensión de tierra que se afectaría si se explotan todos los yacimientos mineros conocidos hoy en día sería menor a 14 mil hectáreas de terreno. Dado que el territorio nacional tiene 7.5 millones de hectáreas, para extraer esos 221 mil millones de dólares habría que afectar menos del 0.2% del territorio nacional.
Ninguna parte de este territorio afectado se encuentra en áreas turísticas desarrolladas o en proceso de desarrollar. Tampoco está cerca de áreas urbanas ni de sus tomas de agua. Más bien se encuentra en áreas despobladas, en distritos extremadamente pobres, sin acceso a la más elemental infraestructura necesaria para llevar una vida digna.
A mí, las cifras señaladas anteriormente me llevan a concluir que la explotación minera en nuestro país no sólo es deseable, sino que puede constituirse en un importante proveedor de recursos para disminuir en extremo la pobreza en nuestro país, toda vez que estas minas se encuentran, precisamente, donde están los más pobres de los pobres.
El caso de los indígenas es el más inverosímil, en mi opinión. Aparte de que la reforma les garantiza ingresos millonarios a los municipios en los que se den las principales explotaciones, la certeza de trabajo, con salarios dignos, seguro social y estabilidad, producto de una de las inversiones más grandes que se darán en la República, demuestra que su reacción está basada en información incompleta. Los indígenas tienen todo que ganar y muy poco que perder.
Lo que se pierde viene dado por el impacto ambiental que tienen las minas, pero que con la reforma al Código se introduce, por primera vez, mecanismos para hacer cumplir la legislación ambiental, incluyendo la mitigación de los impactos y los procesos de cierre. Además, genera los recursos para darle la fortaleza regulatoria que requieren tanto la Anam como el Mici.
Cuando puse las cifras de este artículo en Facebook, una de mis amigas comentó que yo defendía la minería porque la firma de la que soy socio se ganaría unos milloncitos. Aunque es cierto que mi firma representa a una de las mineras que ya tiene su concesión y que va a explotar la mina, con o sin reformas al Código Minero, fue obvio que esta persona no tenía ningún argumento válido para demeritar la afirmación de que las minas pueden producir $221 mil millones con efecto en 0.2% del territorio nacional. El hecho de que yo sea abogado de una minera tampoco cambia la realidad de estas cifras.
Otra amiga de Facebook me señaló que si era verdad lo que decía con relación a la extensión de las explotaciones, cómo explicaba los mapas que se han publicado y que indican que casi todo el territorio nacional está concesionado. Le aclaré que estas supuestas concesiones no son de explotación, sino de exploración (para buscar yacimientos) y, en su mayoría, no han sido concesionadas (solo pedidas) y son especulativas. La reciente reforma al Código Minero les pone punto final, al establecerles un canon de concesión por hectárea progresivo a través del tiempo, lo que lo hará muy oneroso para los especuladores.
El debate de la reforma al Código Minero se ha centrado no en lo conveniente o no del mismo, sino en los efectos posibles de la minería a cielo abierto y su impacto en el medio ambiente. Más allá de la discusión ambiental, que tiene que ser discutida en el marco apropiado, para mí la decisión de si la explotación es conveniente o no es muy sencilla y lo demuestran las cifras señaladas anteriormente.
Por eso, la discusión de la reforma al Código que en cualquier país medianamente educado hubiese sido utilizada para discutir los méritos que la misma tiene para asegurar la aplicación de la normativa ambiental y para mitigar el impacto de la minería, en Panamá se utilizó para discutir algo que no se estaba discutiendo y sobre la base de información tergiversada y muy superficial.
Esto último es muy lamentable. Los países avanzan cuando los ciudadanos basan sus decisiones políticas sobre conocimiento y hechos. Se mantienen en el subdesarrollo cuando sus debates son sobre especulación y propaganda.
